Escrito por Administrator | 11 Enero 2010
Posted in Editoriales - El Tábano

Por: Manuel Ramos, Víctor Améndola, Miguel Villarino y Ermilo Ramos

La luchadora social antes conocida como Layda Sansores, y ahora como “La suculenta Layda”, acompañada de su mitin portátil, se presentó en la posada de los trabajadores del Ayuntamiento de Campeche para reclamar al edil no haber cumplido su compromiso de recibirla, tal y como Mario Pacheco, achichincle municipal, había prometido. Para “La suculenta Layda”, la reunión era importante porque ahí presentaría el show que la ha hecho famosa desde 1997 y cuyo tema principal, hoy por hoy, es el busto de Mouriño en el Paseo de los Héroes, atrevimiento que “La sucu” imputa al munícipe panista.

Después del incidente, Rosado Ruelas argumentó que no tenía nada que ver con el asunto del busto (de Juan Camilo), y retó a la luchadora social antes conocida como Layda Sansores, y ahora como “La escultural Layda”, a quejarse ante el verdadero responsable, es decir, ante Fernando Ortega, a ver si era tan machita. Pero “La escultural Layda” prefirió hacer como que la virgencita de la Convergencia le ordenaba ir al Congreso local, con su mitín portátil, a presentar el show que la ha hecho famosa desde 1997.

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Escrito por Geraldina González de la Vega | 10 Enero 2010
Posted in Editoriales - Geraldina González de la Vega

Esteban Arce vs. Cardenal Rivera

Después de los ríos de tinta y bilis derramados a propósito de los dichos de Esteban Arce, creo que vale la pena reflexionar si es que existe alguna diferencia entre la crítica del Cardenal Rivera al matrimonio entre personas del mismo sexo y la opinión de Esteban Arce sobre la homosexualidad. Yo creo que sí, y que el del Cardenal es un mensaje que sí debe ser tratado con cuidado.

Primero creo que es válido copiar la nota en donde dice lo que sucedió en la Catedral:

EL UNIVERSAL El cardenal Norberto Rivera Carrera defendió este domingo la institución de la familia, concedida desde el punto de vista tradicional como la unión de un hombre y una mujer y criticó nuevamente la legalización de los matrimonios homosexuales y la posibilidad que se les dio de adoptar menores de edad.

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Escrito por Geraldina González de la Vega | 09 Diciembre 2009
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El pasado 20 de agosto se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas realizadas a tres cuerpos legales: la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, en el marco de una nueva fórmula para el combate al narcotráfico. El Gobierno Federal cambió su política criminal para las tareas de persecución de los delitos contra la salud, y determinó dividir el narcotráfico en dos: “narcomenudeo” y “narcomayoreo” o “macro narco”,  pretendiendo que, la competencia, antes, exclusiva de la Federación para investigar y perseguir delitos contra la salud y el tratamiento de la farmacodependencia, se convirtiera en una facultad concurrente. Es decir, una facultad compartida entre la Federación y los estados, para “atacar mejor el problema”. Sin embargo, con ello se logra una separación artificial que se convertirá en parte del problema, pues el “narcomenudeo” es una expresión callejera del “macro narco”, pues son los cárteles quienes recultan a los drogodependientes, marginados, gente que vive en la miseria, migrantes, etc. para traficar drogas en escuelas, bares, discos, callejones y demás lugares de fácil acceso. Dividir el problema será inútil para combatir éste cáncer, pues implica dar a las entidades federativas el 60% de la carga de trabajo de la Procuraduría General de la República y ninguna partida con recursos para afrontar el problema. Amén de que la reforma no sólamente hace “concurrente” la persecución y sanción de los delitos contra la salud, sino también el tratamiento a los farmacodependientes.  La cuestión es que la reforma como está, no sirve para atacar el problema, peor aún, dejará libres a muchos narcomenudistas, pues la reforma es, como dicen los abogados, “a todas luces inconstitucional”.

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Escrito por Miguel Carbonell | 09 Diciembre 2009
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En la sesión del martes 8 de diciembre, el Dr. Miguel Carbonell, en su calidad de integrante del Consejo Consultivo de la CNDH, le solicitó al Presidente de la Comisión, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, que ejerciera su facultad de promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra las legislaciones locales que penalizan el aborto y limitan los derechos reproductivos de las mujeres, de acuerdo con los siguientes argumentos.

1. Los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México establecen el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en materia de maternidad, a partir de lo cual está prohibido penalizar la interrupción voluntaria del embarazo, como regla general.
2. La Suprema Corte definió el año pasado, por mayoría de 8 de sus integrantes, que la Constitución mexicana reconoce un espacio más o menos amplio (pero en todo caso generoso) para que las mujeres puedan decidir sobre la interrupción voluntaria de un embarazo. Las reformas locales citadas irían en contra de este criterio del Máximo Tribunal de la República.
3. En temas polémicos como en el que nos ocupa, la mayor parte de países democráticos han optado por llevar hasta la mesa de sus jueces constitucionales la decisión. En países como Estados Unidos, España, Colombia y también México, los jueces han decidido, con fundamento en el derecho aplicable y no en consideraciones metafísicas o religiosas, sobre el ámbito constitucionalmente protegido a favor de las mujeres y de su libertad de decisión. Las reformas realizadas en 17 entidades federativas suministran una nueva oportunidad para que nuestra Suprema Corte se pronuncie al respecto, una vez que haya sido instada para ello por la CNDH.

El Presidente de la CNDH se mostró receptivo y atento ante la solicitud de Miguel Carbonell y prometió estudiar a detalle el tema para estar en capacidad de pronunciarse sobre el mismo lo antes posible.

Miguel Carbonell es Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina el área de derecho constitucional. Es doctor en derecho y autor de 34 libros sobre temas de derecho constitucional y derechos humanos. Forma parte del Consejo Consultivo de la CNDH desde diciembre de 2006, por nombramiento unánime del Senado de la República.

Atentamente,

Oficina del Miguel Carbonell (IIJ-UNAM).
http://www.miguelcarbonell.com